Los avances en el enfoque de la Unión Europea para luchar contra la despoblación rural abren el camino para que el Gobierno apruebe ventajas fiscales para las 10 áreas de la España escasamente poblada.

El pasado 14 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó el nuevo Reglamento de Disposiciones Comunes para el reparto de los futuros fondos europeos que reconoce, por primera vez, la despoblación, y los criterios que definen las áreas con desventajas y desafíos naturales o demográficos delimitadas por agrupación de unidades administrativas locales (LAU): el de las áreas escasamente pobladas, con una densidad de población inferior a 12,5 km2; y el de las muy escasamente pobladas, para las de menos de 8 hab/km2. Por eso, ahora el Gobierno debe aportar ventajas fiscales a las 10 áreas escasamente pobladas de la España Abandonada
Este reconocimiento, supone un gran paso en la lucha contra la despoblación y se logró gracias a las alegaciones presentadas por el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Valcárcel, respaldadas por unanimidad tanto por los eurodiputados españoles populares como socialistas.

Este cambio de marco por parte del Parlamento Europeo implica, además, que el Gobierno de España puede aplicar el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 10 áreas escasamente pobladas o SESPAs. Esto supondría, entre otras medidas, que estas áreas desfavorecidas se beneficiaran de las ventajas que, hasta ahora, solo disfrutaban en Europa las insulares ultraperiféricas, como es el caso de Islas Canarias.
Teniendo en cuenta el nuevo Reglamento, las áreas de baja densidad deben gozar de forma inmediata de medidas que, por ejemplo, favorecerían la creación de empleo, mediante la aplicación a las empresas de un IVA del 7% y de un impuesto de sociedades del 4%. También afectaría al ámbito sanitario, tan reclamado desde el rural, cuyo personal podría beneficiarse de un incremento salarial y de importantes descuentos fiscales si fijaran sus domicilios familiares en estos territorios. Unas ventajas que repercutirían, igualmente, en el ámbito de la Educación.

Es importante señalar que estos beneficios fiscales, que favorecerían la fijación de población en el medio rural, no supondrían grandes costes para el Estado, ya que, en el caso de Canarias, estas medidas están afectando a una población de 2.127.685 habitantes que viven en 7.447 km2 y una densidad de 283 hab/km2. En el caso de las áreas despobladas de España, repercutiría en una población censada de 2.520.651 personas que habitan en 272.995 km2, lo que da una densidad media de 9,23 hab/km2.
Los nuevos criterios europeos recogidos en el Reglamento de Disposiciones comunes suponen, además, el reconocimiento de la autoridad de las entidades locales o municipios en el reparto de los fondos europeos como entidades finalistas, una gestión que se realizaría siguiendo un modelo de gobernanza multinivel impulsado por la Unión Europea. Llamando a la participación de los actores sociales, económicos e investigadores en la elaboración y ejecución de la política comunitaria.

FUENTE: agroinformación.com